El Gobierno sacará adelante este miércoles otra prórroga del estado de alarma. Es la cuarta y la que más le ha costado conseguir, con el riesgo de no contar con los votos necesarios para ello, más síes que noes, en el Congreso. Sin embargo, las dudas quedaron ya bastante disipadas el lunes por la noche, cuando el Gobierno anunció su acuerdo con Ciudadanos. A primera hora de este martes, el PNV ha confirmado que también votará ‘sí’, con lo que Pedro Sánchez ya se ha asegurado definitivamente los apoyos necesarios.
Sin embargo, esta cuarta prórroga -hasta el 24 de mayo- no le ha salido gratis al Gobierno. Para ganarse el apoyo de Cs y PNV, el presidente ha aceptado aspectos que, si bien ha señalado que el Gobierno ya preparaba, no había anunciado hasta este miércoles.
ERTEs y ayudas a pymes y autónomos.
El acuerdo entre Sánchez y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, contempla que el compromiso de “dialogar” para adecuar estas medidas a las necesidades que existan una vez levantado el estado de alarma. De esta forma, el Gobierno se compromete a aplicar una extensión que desde hace semanas estudia con sindicatos y patronal. En su intervención, Arrimadas se ha tomado este acuerdo como una concesión de Sánchez para que ERTEs y ayudas no estén vinculados al estado de alarma.
Luto nacional
Nada más subirse a la tribuna de oradores este miércoles, Sánchez ha anunciado que cuando todo el país se encuentre ya en la Fase 1, el Gobierno declarará el luto nacional por las víctimas del coronavirus. Cuando termine la fase de transición y lleguemos a la “nueva normalidad”, habrá un “homenaje público”. El presidente ha asegurado que su Gobierno lleva “un mes” trabajando en ello y que ya se lo ha comunicado al rey, pero lo cierto es que esta es una reclamación que empezaron haciendo el PP y Ciudadanos.
Elecciones vascas
Hace unas semanas, el lehendakari, Íñigo Urkullu, comunicó a los partidos vascos su intención de celebrar en julio las elecciones que tuvieron que suspenderse el 5 de abril por el coronavirus. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y este mismo día el ministro de Sanidad, Salvador Illa, advirtió de que las condiciones no garantizaban poder hacerlo en ese plazo. Sin embargo, en su acuerdo para que el PNV apoye la prórroga este miércoles se incluye la posilidad de que se puedan convocar las elecciones en el País Vasco antes de que se levante el estado de alarma, algo que también se podría trasladar a Galicia, que también tiene pendientes sus comicios autonómicos.
“La vigencia del estado de alarma no supondrá obstáculo alguno al desenvolvimiento y realización de las actuaciones electorales precisas para el desarrollo de elecciones convocadas a Parlamentos de Comunidades Autónomas”, dice uno de los puntos de la propuesta de resolución del PNV aceptada por el Gobierno.
Cogobernanza.
La revuelta que le estalló al Gobierno días antes de la votación de este miércoles se venía gestando desde hacía semanas, precisamente, por la intención de Sánchez de seguir concentrando el poder sobre la desescalada, en detrimento del papel protagonista que los gobiernos regionales llevaban reclamando para gestionar la peor parte de la epidemia, desde que se puso en pie el estado de alarma con un mando único desde el Gobierno central.
La primera llamada de atención grave llegó el domingo pasado, cuando los presidentes de País Vasco, Cataluña y Galicia advirtieron a Sánchez que no aceptarían otra prórroga si no se les daban más poderes.
El Consejo de Ministros empezó a virar este martes, al incluir en su acuerdo de prórroga el papel protagonista que tendrán las comunidades en la desescalada. En este sentido, Sánchez ha pactado con el PNV que habrá “cogobernanza”, a pesar de que este miércoles ha reiterado en el Congreso que su Gobierno seguirá teniendo la última palabra en la decisión sobre qué territorios pasan o no de fase.
Diálogo
La crítica más recurrente y generalizada desde el inicio de la crisis por el coronavirus ha sido por la unilateralidad con la que ha actuado desde el principio el Gobierno. Sánchez no ha llamado apenas al resto de líderes políticos y tanto el PP como los presidentes autonómicos le han reprochado que se enteran por la prensa de las decisiones en lugar de conocerlas antes de primera mano.
El acuerdo alcanzado con Ciudadanos viene a paliar esta situación obligando al Gobierno a reuniones cada 15 días para revisar la marcha de la desescalada.
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